El candidato al Congreso de Unidad Popular por Albacete, Javier Sánchez, considera un fracaso el que en España haya casi cuatro millones de viviendas vacías, y a la vez haya miles de familias sin un hogar digno y estable: “Es uno de los síntomas más graves de la incapacidad del capitalismo para resolver los problemas más acuciantes de la población. Y, por otro lado, no hay verdadera democracia cuando un estado no puede garantizar un derecho tan fundamental como ése”.

Para garantizar el derecho a una vivienda digna debe invertirse en políticas públicas. Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la especulación de la construcción a la cultura de la rehabilitación, y establecer mecanismos para que las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtengan ayudas que les garanticen evitar el desahucio.

Ante el inmenso parque de viviendas vacías nuevas, alrededor de un millón, debe garantizarse el acceso de las personas sin recursos a las mismas a través de su compra por parte del Estado -quien luego las pondría en alquiler social-, a través de contratos de usufructo con las personas propietarias por el tiempo que se estime necesario.

Regular el alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Deben introducirse mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y prolongación del plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los cinco años.

Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas.

Además de lo anterior, Unidad Popular-Izquierda Unida propone un plan de choque que incluye parar inmediatamente los desahucios, crear un “banco bueno” que compre las deudas de las familias más vulnerables, fomentar las cooperativas y la autoconstrucción, promover la dación en pago retroactiva, obligar mediante medidas fiscales a los grandes tenedores de vivienda a facilitar los alquileres sociales… El lamentable espectáculo de familias enteras expulsadas de sus viviendas por los cuerpos de seguridad no se repetirá en el “nuevo país” por el que trabajamos.